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Seamos realistas: si mañana se aprobara una ley mágica que hiciera desaparecer TikTok, Instagram y Snapchat de los móviles de todos los menores de 16 años, una gran parte de la sociedad (y muchísimos padres y madres agotados) respiraría aliviada. Yo misma, hay días que firmaría dónde fuera.
El miedo es real y es legítimo. No pasa un día sin que leamos titulares alarmantes sobre el deterioro de la salud mental adolescente, el ciberacoso o la presión estética de los filtros.
Ante este panorama, movimientos como los surgidos recientemente en España, Reino Unido o en EE. UU., pidiendo elevar la edad legal de acceso a las redes hasta los 16 años (o más), suenan como música celestial. Una solución tajante para un problema enorme.
Pero aquí es donde me toca ponerme analítica y sacar mi faceta de educadora. Y es que… desde una mirada educativa, la primera pregunta que surge es: ¿Creemos, de verdad, que poner una fecha arbitraria en el DNI solucionará el problema?
¡La duda de fondo! Me temo que no. Y te voy a explicar por qué, aunque la alternativa sea mucho más trabajosa.
El espejismo de la seguridad: por qué nos gusta tanto la «mano dura»
La idea de prohibir es seductora porque es simple. Traslada gran parte de un problema educativo complejo que corresponde a los padres (la educación en la era digital) y se lo pasa al Estado o a las grandes tecnológicas. Nos da una falsa sensación de control: «Si está prohibido, mi hijo está a salvo».
Sin embargo, como señalan expertos en derechos digitales de la infancia como la profesora Sonia Livingstone (London School of Economics), centrar todo el debate en la restricción de edad a menudo sirve como una cortina de humo. Nos distrae de exigir a las plataformas que diseñen entornos seguros por defecto y nos libra de la difícil tarea de educar en casa.
La prohibición no elimina el riesgo, solo lo esconde debajo de la alfombra durante un tiempo. Y conforme los años pasan, y tanto nuestros hijos como nosotros nos hacemos mayores, esa alfombra ya no da más de sí.
La realidad pedagógica: poniendo puertas al campo
Si analizamos esta medida desde la psicología evolutiva y la realidad del aula, empezamos a ver las grietas del plan.
1. El efecto «Fruta Prohibida»
Cualquiera que trabaje con adolescentes sabe que la forma más rápida de hacer algo les obsesione y lo deseen es prohibirlo tajantemente.
Hay que entender qué está pasando en sus cabezas en esta etapa. La adolescencia no es solo un «trámite» entre la niñez y la adultez; es el laboratorio donde construyen quiénes son. Para forjar una identidad propia y definir su personalidad, necesitan, por definición, diferenciarse de sus padres, que son las figuras que más conocen (autonomía).
¿Y cómo saben dónde terminan las normas familiares y dónde empiezan ellos mismos? Probando los límites. Transgredir no es (siempre) un acto de maldad, es un mecanismo de testeo de la realidad: empujan la pared para ver si se mueve.
Si a este cóctel le sumas que hoy en día gran parte de esa construcción de la identidad y esa conexión con sus iguales (su «tribu») ocurre en el entorno digital, la prohibición se vive como una amputación social.
Por tanto, una prohibición estatal es casi una invitación al desafío. Y más aún lo será en los casos en los que los chicos ya dispongan de perfiles sociales; no sólo estás evitando que conozcan algo que es indispensable en la actualidad sino que, directamente, les arrancas una parte de lo que son.
2. La brecha técnica (ellos saben más)
Seamos honestos. La mayoría de los adolescentes tienen más recursos técnicos que los legisladores. Hoy en día, falsear una fecha de nacimiento está chupado. Y si se implementan sistemas de verificación de edad más duros (como escaneo facial o DNI), entramos en un terreno pantanoso de privacidad y datos biométricos de menores que preocupa a organizaciones como la Fundación de Derechos Digitales, las cuales no dudarán en asegurarse de que no se vulnera ningún derecho.
Además, para entender este embrollo, hay que mirar por el retrovisor. Esto de verificar la edad no es un invento nuevo.
En EE. UU. ya se reguló con la Children Online Privacy Protection Act (COPPA) en 1998, y en España lo tenemos en el reglamento de la LOPD desde 2007. Llevamos décadas con leyes sobre la mesa. ¿La realidad? Ha sido papel mojado. Salvo el histórico (y aislado) esfuerzo de la española Tuenti en su día, esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida de forma efectiva por ningún gran operador.
Si la industria ha ignorado las normas hasta ahora, ¿qué nos hace pensar que una nueva prohibición funcionará por arte de magia sin un conjunto serio de medidas que la acompañen?
Si el acceso se convierte en un juego del gato y el ratón, lo único que lograremos es que usen las redes igual, pero en la clandestinidad, sin nuestra supervisión y con miedo a pedirnos ayuda si se meten en líos.
Quizás al principio les cueste un poco, pero todos sabemos que, de un modo u otro, conseguirán acceder a estas plataformas; y es que, hecha la ley, hecha la trampa (o las leyes están para incumplirlas, depende de a quién le preguntes).
El argumento definitivo: El «Efecto Acantilado» a los 16
Este es, para mí, el mayor fallo pedagógico de la propuesta.
Imaginemos que la prohibición funciona perfectamente. Mantenemos a nuestros hijos en una burbuja analógica pura hasta que soplan las 16 velas. ¿Qué pasa el día siguiente: a los 16 años y un día?
Les soltamos en la jungla digital más salvaje, con algoritmos diseñados por ingenieros de Silicon Valley para secuestrar su atención, con fake news, depredadores y presiones sociales, y ellos tienen cero horas de vuelo de experiencia. Algunos puede que no tengan demasiado conocimiento teórico siquiera (no creo, la verdad, pero tengo que decirlo porque puede ocurrir).
Es como si no dejáramos a un joven subirse a un coche hasta los 18 años y, ese día, le diéramos las llaves de un Ferrari sin haber pasado jamás por la autoescuela.
La competencia digital no se adquiere por cumplir años, se adquiere mediante la exposición gradual, acompañada y tutorizada. Y ahí es donde entras tú.
Qué sí puede aportar una regulación (cuando no se usa como parche)
Criticar la prohibición como solución única no significa negar que una regulación tenga sentido. De hecho, bien planteada, puede cumplir funciones importantes. El problema no es legislar, sino creer que legislar basta.
1. Ganar tiempo (para hacer lo que de verdad importa)
Una regulación que eleve la edad de acceso puede no impedir el contacto, pero sí retrasarlo en parte. Y ese retraso, aunque sea imperfecto, puede ser valioso.
Aprovecha ese tiempo para que:
- El desarrollo emocional del adolescente madure un poco más.
- Las funciones ejecutivas (control de impulsos, pensamiento crítico) estén menos verdes.
- Las familias tengáis margen para introducir conversaciones, educar y llegar a acuerdos previos.
No es una solución, pero sí puede ser una ventana. El problema aparece cuando ese tiempo no se usa para educar, sino para mirar hacia otro lado esperando que la ley lo haga todo por nosotros.
2. Establecer un marco legal claro (y asumir que el problema existe)
Legislar también tiene un valor simbólico y estructural: reconoce oficialmente que el entorno digital no es neutro para la infancia.
Un marco legal:
- Legitima la preocupación de familias y educadores.
- Facilita que escuelas y servicios sociales aborden el tema sin parecer alarmistas.
- Crea un suelo común desde el que exigir medidas reales.
Decir “esto no es un espacio inocuo para menores” es importante. Pero el marco legal debe ser el punto de partida, no la meta ni una solución a la desesperada.
3. Poner presión real sobre las plataformas (el gran ausente del debate)
Aquí está, probablemente, el mayor valor de una regulación bien diseñada.
Las grandes tecnológicas llevan años beneficiándose de:
- Diseños adictivos.
- Algoritmos opacos.
- Escasa rendición de cuentas cuando el daño aparece.
Una legislación ambiciosa podría:
- Obligar a rediseñar entornos pensando en menores, en su desarrollo, y no en maximizar el tiempo de permanencia.
- Exigir transparencia algorítmica. Exigir mayor transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos que seleccionan y priorizan contenidos.
- Poner también en el otro lado, con sanciones reales cuando no se cumplen estándares de protección. Por ejemplo, iniciativas como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea obligan a las plataformas a asumir responsabilidades reales en el diseño de entornos digitales más seguros para menores, desplazando parte del peso que hasta ahora recaía casi exclusivamente en las familias y la escuela.
El foco no debería estar solo en “a qué edad entra el niño”, sino en “qué tipo de espacios digitales estamos permitiendo que existan”.
Si el único esfuerzo regulador se centra en pedirle al menor que no entre, mientras el entorno sigue siendo hostil, el desequilibrio se mantiene y sigue siendo evidente.
En resumen: regular no es inútil. Inútil es regular sin acompañar.
Una ley puede:
- Darnos tiempo.
- Ofrecer respaldo institucional.
- Forzar responsabilidades empresariales.
Lo que no puede hacer es sustituir la educación digital, ni en casa ni en la escuela.
Cuando la regulación se convierte en una coartada para no educar, falla. Cuando se entiende como una herramienta más dentro de una estrategia amplia, empieza a tener sentido.
La alternativa incómoda: Educar es más difícil que prohibir
Y si he comenzado diciendo que la prohibición total es una tirita, ¿cuál es la cura? La cura es mucho más lenta, requiere más esfuerzo y no da titulares tan bonitos: se llama educación y acompañamiento digital.
Y es que, como ya adelantaba UNICEF allá por 2017 en su informe «El Estado Mundial de la Infancia 2017 – Niños en un mundo digital», lo ideal es pasar de un enfoque centrado únicamente en la protección (prohibir) a uno que equilibre la protección con la capacitación. Esto significa enseñarles a:
- Entender cómo funcionan los algoritmos que les muestran contenido.
- Gestionar su identidad digital y su privacidad.
- Desarrollar pensamiento crítico para detectar la desinformación.
- Practicar la empatía en entornos online.
Esto no se logra con una ley. Se logra con conversaciones incómodas en la cena, pactando límites de uso progresivos en casa, dando ejemplo con nuestro propio uso del móvil (¡ay!, esto duele) y estando presentes cuando cometan sus primeros errores online (seguro que antes de los 16), para ayudarles a componerse, aprender y levantarse.
Mi conclusión
Prohibir las redes hasta los 16 años es una medida que nos regala tiempo, pero no nos dará seguridad. Puede que retrase el primer contacto (y tampoco tanto), pero no garantiza que ese contacto sea saludable.
Como sociedad, debemos dejar de buscar soluciones mágicas y empezar a asumir la responsabilidad compartida (familias, escuelas y, sobre todo, las empresas tecnológicas) de criar ciudadanos digitales competentes, no simplemente niños desconectados por decreto ley.
