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👉 Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha publicado sus Observaciones finales a España, en las que señala avances, pero también importantes carencias en la protección de la infancia, y formula recomendaciones concretas para garantizar la igualdad de derechos, el acceso efectivo a servicios básicos y una mayor protección frente a la violencia y la discriminación.
¿Qué son las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño?
El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los Estados que la han ratificado, entre ellos España.
Tras analizar los informes oficiales del Estado, así como la información aportada por organizaciones sociales y expertos, el Comité emite unas Observaciones finales que recogen:
- Valoración de los avances logrados.
- Identificación de déficits estructurales o persistentes.
- Recomendaciones concretas que el país debe abordar en los próximos años.
Estas observaciones no son simbólicas: constituyen una hoja de ruta internacional para mejorar las políticas públicas de infancia.
Principales preocupaciones del Comité sobre la situación en España
El Comité reconoce progresos normativos en materia de infancia, pero alerta de problemas estructurales que siguen afectando a niños y adolescentes, especialmente a los más vulnerables.
Entre las principales preocupaciones señaladas destacan:
- La desigualdad territorial en el acceso a servicios educativos, sanitarios y sociales, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
- El impacto de la pobreza infantil, que sigue afectando de forma desproporcionada a familias con hijos.
- La situación de niños y niñas en sistemas de protección, acogimiento residencial y migración.
- La insuficiente atención a la salud mental infantil y adolescente, con listas de espera prolongadas y recursos limitados.
- La persistencia de distintas formas de violencia contra la infancia, incluida la violencia en el ámbito familiar, escolar y digital.
Recomendaciones clave en educación y bienestar emocional
En el ámbito educativo, el Comité insta a España a:
- Garantizar la igualdad real de acceso a una educación inclusiva y de calidad, independientemente del lugar de residencia o la situación socioeconómica.
- Reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, asegurando apoyos suficientes y personalizados.
- Combatir la segregación escolar y las desigualdades acumuladas desde las primeras etapas educativas.
Respecto a la salud mental, el Comité subraya la urgencia de:
- Incrementar los recursos específicos de salud mental infantil y adolescente dentro del sistema público.
- Integrar la atención psicológica en entornos educativos y comunitarios.
- Desarrollar estrategias de prevención temprana, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.
Lucha contra la violencia y la discriminación infantil
Las Observaciones finales ponen especial énfasis en la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección frente a la violencia contra niños y adolescentes.
El Comité recomienda:
- Implementar de forma efectiva la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) en todo el territorio.
- Mejorar los sistemas de detección temprana y notificación de situaciones de riesgo.
- Garantizar una atención especializada y adaptada a las víctimas, evitando la revictimización.
- Intensificar las medidas contra la discriminación por origen, discapacidad, género u otras circunstancias.
¿Por qué estas recomendaciones importan a las familias?
Aunque se trate de un informe internacional, sus conclusiones tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias:
- Influyen en el diseño de políticas educativas, sanitarias y sociales.
- Señalan dónde es necesario invertir más recursos públicos.
- Refuerzan el enfoque de la infancia como sujeto de derechos, no solo como objeto de protección.
El Comité recuerda que garantizar los derechos de la infancia no es solo una obligación legal, sino una inversión a largo plazo en bienestar social y cohesión.
