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👉 Fuente: Microjuris al Día
Expertos advierten que la reciente aprobación de la Ley 183 de 2025 en Puerto Rico podría limitar la autonomía y el acceso a la atención médica de mujeres embarazadas, incluso cuando el embarazo es deseado, y provocar efectos negativos en su salud y en las decisiones reproductivas.
Esta preocupación surge porque la norma reconoce legalmente al nasciturus (el feto) como persona natural, lo que generaría implicaciones jurídicas en la atención obstétrica y médica.
Qué dice la nueva ley y por qué preocupa
La Ley 183 de 2025 reconoce al nasciturus como persona natural dentro del Código Civil. Para especialistas en derecho y salud, esta definición podría llevar a situaciones en las que los médicos practiquen lo que se conoce como medicina defensiva, es decir, evitar atender ciertos casos por temor a posibles demandas o sanciones.
La licenciada Yanira Reyes Gil, profesora de derecho constitucional, explica que esta definición legal puede tener efectos prácticos negativos:
- Podría reducir servicios médicos para embarazos de alto riesgo.
- Limitar la autonomía de la mujer embarazada en decisiones relacionadas con su atención de salud.
- Generar situaciones en las que terceros (como el padre o un defensor judicial) puedan asumir la representación legal del feto, por encima de la propia gestante.
Según Reyes Gil, esto podría afectar no solo decisiones médicas, sino también aspectos personales y laborales relacionados con el embarazo.
Experiencias en otras jurisdicciones
La experta también señaló que en algunas regiones de Estados Unidos donde se han implementado leyes similares, se ha documentado un aumento en la criminalización y vigilancia estatal y social sobre la conducta de mujeres embarazadas. Por ejemplo, hay casos donde mujeres han sido investigadas o procesadas tras emergencias obstétricas, como abortos espontáneos, bajo sospechas de abortos clandestinos.
Implicaciones para la salud y las decisiones reproductivas
Este tipo de legislación, según los críticos, podría:
- Generar miedo entre profesionales de la salud para tratar embarazos complejos.
- Limitar la toma de decisiones médicas y personales de las mujeres embarazadas.
- Abrir la puerta a interferencias externas en la atención sanitaria, como decisiones judiciales o de familiares en detrimento de la voluntad de la gestante.
