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👉 Fuente: La Moncloa
El Gobierno propone una ley para reforzar los derechos de los niños y adolescentes en el entorno digital, con medidas para seguridad, privacidad y educación mediática.
El presidente Pedro Sánchez ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios para aprobar una Ley Orgánica para la Protección de Menores en Entornos Digitales que, en su palabra, marcará «un antes y un después» en la legislación española.
El objetivo principal de la norma es adaptar las leyes al creciente uso de tecnología entre niños y adolescentes, garantizando su bienestar, seguridad y derechos cuando navegan por Internet. Entre las medidas más destacadas se encuentran el aumento de la edad mínima para crear cuentas en redes sociales, penas más duras para delitos digitales, y obligaciones para las empresas tecnológicas.
Principales medidas de la ley
El proyecto de ley, que ya ha comenzado su trámite parlamentario, incluye varias propuestas innovadoras y ambiciosas:
- Edad mínima para redes sociales: Se propone elevar de 14 a 16 años la edad a la que los menores pueden registrarse en redes sociales.
- Criminalización de delitos digitales: Se tipifican como delitos el uso de deepfakes de contenido sexual o gravemente vejatorio, y el grooming, es decir, el engaño a menores por parte de adultos en entornos digitales.
- Órdenes de alejamiento virtual: Se prevé la prohibición de comunicación en línea entre agresores y víctimas, para evitar la revictimización.
- Control parental obligatorio: Todos los dispositivos con acceso a internet deberán incluir un sistema de control parental gratuito y activado por defecto.
- Regulación en los centros educativos: Las escuelas deberán elaborar planes digitales que regulen el uso de móviles, tabletas y otros dispositivos, adaptados a la edad del alumnado.
Impacto en el desarrollo infantil y educativo
Desde una perspectiva educativa, esta ley tiene un gran potencial para proteger a los niños y adolescentes durante su proceso de crecimiento digital. Los menores no solo tendrán más resguardos legales, sino que también se refuerza el papel de las familias y los centros educativos en su formación digital y en la prevención de riesgos.
Al elevarse la edad para entrar a redes sociales, se pretende ofrecer más tiempo para que los jóvenes desarrollen madurez digital, mientras que la obligación de controles parentales busca que el uso de la tecnología esté acompañado y supervisado por adultos. Además, penalizar los deepfakes y el grooming envía un mensaje claro: no todo vale en internet, y los daños digitales también cuentan como violencia.
Retos y debate
Aunque se trata de una iniciativa bienvenida, no está exenta de críticas. Algunas preguntas que surgen:
- ¿Cómo se garantizará que el control parental sea realmente eficaz y no meramente simbólico?
- ¿Qué papel jugará la educación digital para que los menores entiendan los riesgos sin demonizar la tecnología?
- ¿Se creará una brecha de acceso si los dispositivos más antiguos no incluyen los sistemas requeridos por ley?
El ministro Félix Bolaños ha defendido la medida afirmando que debe haber una “corresponsabilidad social” en el uso de la tecnología: no solo legislar, sino también educar.
Recursos y metodologías complementarias
- Plan Nacional de Competencias Digitales, Gobierno de España.
- Guía de seguridad en redes sociales para familias, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).