👉 Fuente: La Moncloa
El Gobierno español reclama a la UE avanzar más rápido en la protección de menores en entornos digitales, presentando un proyecto que sube la edad de acceso a redes sociales y tipifica nuevos delitos.
Un marco europeo más ambicioso
En el marco del Consejo informal de Ministros de Telecomunicaciones celebrado el pasado 10 de octubre en Horsens (Dinamarca), el ministro Óscar López afirmó que “debemos hacer más, mejor y más rápido” para blindar a los menores en el mundo digital. Según el comunicado oficial, en España el 91 % de los menores se conecta a internet a diario y la edad media de primer acceso a contenido pornográfico se sitúa en 11 años.
El proyecto de ley orgánica presentado incluye medidas como elevar la edad mínima para abrir una cuenta en red social sin consentimiento de los padres de 14 a 16 años, así como introducir controles de verificación obligatorios de edad y tipificar como delito el uso de “deepfake sexuales” contra menores.
¿Qué se propone para los menores?
- Edad mínima de 16 años para registrarse en redes sociales sin autorización parental.
- Verificación de edad obligatoria y controles parentales integrados en todos los dispositivos con acceso a internet.
- Criminalización de la difusión de contenidos generados por IA (deepfakes) que afecten a menores, y penas de alejamiento virtual de autores de ciberacoso o grooming.
- Coordinación europea: España, junto a Francia y Grecia, lidera la iniciativa para un estándar común en la UE de protección de menores digitales.
Impacto en la infancia y el desarrollo
Recordemos que “las competencias digitales seguras” forman parte del desarrollo integral infantil: a medida que los niños crecen, no sólo adquieren habilidades tecnológicas, sino también la capacidad de autogestión, pensamiento crítico y autoestima digital. Es clave que estas normativas vayan acompañadas de formación, diálogo familiar y un entorno educativo consciente.
Este marco legal puede convertirse en un pilar protector en un momento en que los menores pasan una parte importante de su tiempo en entornos digitales y se enfrentan a riesgos como adicción, ciberacoso o manipulación de contenidos.
¿Y qué sigue ahora?
El proyecto de ley deberá tramitarse como ley orgánica ante las Cortes Generales, con posibilidad de enmiendas y debates por parte de los grupos parlamentarios. En paralelo, la Comisión Europea está evaluando la propuesta española en el contexto del mercado único digital y la protección de menores a nivel comunitario.